La presencia de cámaras de vigilancia en almacenes, naves, dependencias, carreteras y, en general, cualquier tipo de ubicación, por una parte facilita la pronta detección de eventos e incidencias, y por otro lado produce un efecto disuasorio para los comportamientos incívicos o delictivos, a la vez que comporta una tranquilidad añadida para clientes, empleados y usuarios.

El abanico de opciones disponibles actualmente es muy amplio en cuanto a prestaciones, tipo de angular, resolución, etc., y abarca desde los simples dispositivos CCTV hasta los de tipo IP. Los primeros son cámaras sencillas y económicas que se monitorizan directamente y que graban sus imágenes en un DVR. Su única ventaja es el precio, sensiblemente más barato que los sistemas basados en IP. Por su parte, los segundos son cámaras inteligentes que permiten mayores funcionalidades y pueden trabajar de forma autónoma. Además, soportan múltiples analíticas de vídeo que ofrecen un gran número de posibilidades en base al tratamiento de las imágenes capturadas. Resolución y nitidez son otras importantes ventajas que aportan las cámaras IP.

El acceso a las cámaras es factible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, tanto al vídeo como al audio registrado, aunque siempre según lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), vigente desde el 25 de mayo de 2018, y aplicable a cualquier instalación de un sistema de videovigilancia.